La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó este lunes por “inexistencia de delito” a todos los imputados de la causa conocida como “Mesa Judicial”, en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados del gobierno de Mauricio Macri a jueces y fiscales.
En ese sentido, la decisión de Capuchetti, que ya fue apelada por el fiscal, Franco Picardi, benefició al ex jefe de Estado, Mauricio Macri, a su asesor, Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, al exministro de Justicia, Germán Garavano, y al ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, entre otros.
“La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”, sostuvo la jueza en el fallo.
Además, Capuchetti aseguró que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señaló que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legítimas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia”, explica la magistrada.
En esa línea, Capuchetti aclaró: “Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal“.
A su vez, la jueza federal agregó que “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”.
“Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones“, afirmó Capuchetti.
Es preciso señalar que, el fallo de este lunes también beneficia al exministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la legisladora porteña, Graciela Ocaña, y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
Tras el fallo de Capuchetti, el fiscal Picardi apeló la decisión de la jueza con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces gobierno de Macri.
En ese marco, el fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada “Mesa judicial”.
En concreto, las maniobras de la conocida “Mesa judicial” habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el gobierno de Macri tenía interés.
“Esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales, comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales”, indicó Picardi.
Vale recordar que, la causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada “Mesa judicial” durante el anterior gobierno e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.
Tal es así que, uno de los principales testimonios, fue el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial.
En detalle, Figueroa aseguró que ese funcionario le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el Memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.
Por ello, los denunciantes señalaron como “responsables de los hechos” a los funcionarios “de altísimo nivel en el gobierno de Macri“, que integraron lo que públicamente se conoció como la ‘Mesa judicial‘ de aquella administración.
