El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una declaración de inconstitucionalidad contra la reforma provincial impulsada por Gerardo Morales, y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial de Jujuy.
Según el Gobierno Nacional, se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña.
Es que, el Gobierno Nacional considera que la reforma constitucional de Jujuy “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“Presentamos ante la CSJ una acción declarativa de inconstitucionalidad contra varios artículos incorporados por Morales en la Constitución de Jujuy“, sostuvo el ministro de Justicia, Soria a través de un extenso hilo de twitter.
A su vez, Soria indicó que “el candidato a vicepresidente de (la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez) Larreta pretende hacer campaña llevándose puestos los derechos de los jujeños, como lo demostró con la brutal represión con la que estrenó la reforma y con las arbitrarias medidas tomadas contra Milagro Sala“.
Cabe destacar que, la presentación fue elaborada por los equipos técnicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia; la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, recogiendo los aportes realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En concreto, el Gobierno informó que el escrito presentado plantea la “gravedad institucional” generada por la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Morales, ya que, “está en juego el orden institucional de la república y el sistema democratico, así como los valores que lo sustentan”.
Asimismo, la presentación destaca que organismos Internacionales de derechos humanos, “con los cuales la República Argentina tiene compromisos asumidos, ya se han expresado sobre la reforma constitucional de la provincia de Jujuy y sobre los gravísimos hechos represivos ocurridos luego de la promulgación de la misma”.
De esta manera, desde la cartera de Justicia aludieron a una comunicación oficial del 20 de junio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que urgió al Estado argentino a “respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.
También, a la comunicación que el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) envió al mandatario provincial expresando que lo dispuesto en Jujuy “no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Además, la demanda gubernamental afirma que “la manda del inciso 4° del artículo 67 de la Constitución jujeña contiene prohibiciones incompatibles con nuestra Constitución Nacional y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, al indicar que dicho inciso sienta las bases para la sanción de un reglamento represivo -por parte del gobierno de turno- que limite los derechos de reunión, protesta y huelga, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Por otra parte, el pedido solicita que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 94 y 95 de la nueva Carta Magna jujeña, al considerar que durante el procedimiento de reforma de la Constitución provincial “se omitió la debida consulta a los pueblos indígenas interesados, en relación a diversas cuestiones que los afectan en forma directa”.
“La maniobra de Morales fue denunciada por las propias comunidades indígenas por no cumplir con “los parámetros de la interculturalidad exigida por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, Ley 24.071″. , asegurá la demanda gubernamental y agrega:”no hubo instancias de diálogo extendido durante un tiempo, obligación del Estado en cualquiera de sus niveles”.
En detalle, Soria subrayó que “los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas”.
“El Estado debe tener en cuenta la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas su relación con los territorios y con los recursos naturales allí existentes”, concluyó este viernes Soria en declaraciones radiales.
