Pese a haberse inspirado en el caso de una nena de Morón que en 2014 perdió a su mama como consecuencia de un brutal femicidio, la Ley Brisa, que contempla un mecanismo de reparación económica para víctimas “colaterales” de la violencia de género, camina a paso lento en la Legislatura bonaerense.

En la Ciudad de Buenos Aires, fue aprobada en 2017 y reglamentada a comienzos de este año, pero a nivel nacional y provincial la norma se demora. En rigor, según pudo corroborar Diputados Bonaerenses, hay por lo menos cuatro proyectos similares en la Legislatura.

El más antiguo, que pertenece a la diputada peronista Patricia “Colo” Cubría, recibió media sanción en septiembre de 2016 pero se durmió en algún cajón del Senado. El texto de la referente del Movimiento Evita modificaba el artículo 1 de la Ley de Pensiones Sociales para incorporar a los hijos menores de edad de madre víctimas de femicidio.

En tanto, los otros tres fueron ingresados este año. Uno de ellos fue presentado por la bancada massista el 8 de marzo como parte de un paquete de leyes contra la violencia de género. También la senadora oficialista, Daniela Rich, avanzó con una propuesta similar que cuenta con el visto bueno de la Cámara alta.

El tercero y último de 2018, fue presentado a principios de abril por iniciativa de La Casa del Encuentro y logró sentar en una misma mesa del anexo de Diputados a referentes de las diferentes fuerzas políticas.

“Queremos generar conciencia en cada una de las Legislaturas para que presionen a Nación. De ese modo, demostrar la efectividad de una política pública que viene a brindar una reparación económica a los niños que también fueron víctima de la violencia”, precisó María Laura Novo, abogada de la ONG, en diálogo con Diputados Bonaerenses.

Por la amplitud de respaldos, este proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados, para ser el que se encamina a saldar esta importante deuda legislativa en materia de violencia de género. “Buscamos el acompañamiento de todos los bloques para que no se frene, queremos que no sólo sea un impulso político. Contamos con el movimiento de mujeres que sale a la calle para respaldar estas iniciativas”, agregó Novo.  

Sin embargo, mientras estas iniciativas siguen su recorrido, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense, 336 niños se quedaron sin madre en la provincia en 2017 y no reciben ninguna contención. Este año, en los primeros 5 meses, desde La Casa del Encuentro contabilizaron 107 los menores que quedaron en estado de desamparo.

“Estos menores no pueden seguir esperando, nuestro objetivo es que hasta que sancione a nivel nacional sea ley en la provincia donde hay una cantidad abrumadora de niños que lo necesitan”, dijo Ada Rico, titular de la ONG, en diálogo con Diputados Bonaerenses a principios de abril.