martes, diciembre 7, 2021

Advierten que la vida y salud de las mujeres “está en peligro” si no se legaliza el aborto

Así lo manifestó la organización internacional de Derechos Humanos, Human Right Watch, quien además, instó al Gobierno nacional a presentar el proyecto.

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La organización internacional de Derechos Humanos Human Right Watch (HRW) advirtió que la salud y la vida de las mujeres “está en peligro” si no se legaliza el aborto, e instó al Gobierno nacional a presentar el proyecto en el Congreso y que los legisladores acompañen la iniciativa.

"Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina", es el título del documento de 86 página que elaboró HRW en base a 30 testimonios de mujeres y niñas que intentaron acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, y a profesionales de la salud, abogadas y activistas de la ciudad y provincia de Buenos Aires y de Salta, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

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De esa manera, según explicó la organización desde Washington, a partir de una conferencia virtual, el objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

A partir de allí, el informe sostiene que "miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas".

Asimismo, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW explicó que la pandemia por coronavirus y el aislamiento "han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva", al tiempo que subrayó que "ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca".

Paralelamente, la organización con sede en Estados Unidos recordó que en mayo último, Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos del mundo que firmaron una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19 y por eso brindaron una serie de recomendaciones al Ejecutivo.

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Por ejemplo, le solicitaron a las autoridades de San Luis y Mendoza que deroguen las normas que prohíben la venta de misoprostol en farmacias, el medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para acceder al aborto seguro.

"Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios", aseveró la ONG.

Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de HRW, enumeró los principales obstáculos que documentaron, entre ellos la falta de información pública sobre las circunstancias en que el aborto está permitido "particularmente en casos" en que corre peligro la salud.

De hecho, Broner mencionó también barreras "ilegales impuestas" por los centros de salud, como requerir que los padres, parejas o autoridades judiciales o de protección infantil lo autoricen, o solicitar informes policiales o una orden judicial para proceder a la práctica cuando la mujer fue violada, o períodos de espera "arbitrarios impuestos por los centros de salud".

"La criminalización del aborto no impide la interrupción de embarazos no deseados. En cambio, obliga a las personas gestantes a intentar obtener abortos por fuera del ámbito de la regulación estatal, muchos de los cuales se practican de manera insegura", concluyó HRW.

Es importante remarcar, que en Argentina se aplica desde hace casi un siglo un modelo de causales establecido en el artículo 86 del Código Penal de 1921, que criminaliza estas prácticas en casi todos los supuestos, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo.

En tanto, respecto a todos los demás casos, el aborto es ilegal y punible con hasta 15 años de cárcel, mientras que la pena para quienes tengan abortos autoinducidos o den su consentimiento a esta práctica es de hasta cuatro años de prisión.

De todas maneras, al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el Presidente anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto y en sucesivas declaraciones a la prensa aclaró que esa decisión está demorada por la pandemia de Covid-19.

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