El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart se declaró incompetente para seguir interviniendo en la denuncia que el gobierno nacional presentó por el presunto contrabando de armas a Bolivia durante la administración de Mauricio Macri mientras en ese país se consumaba la salida de Evo Morales.
El magistrado entendió que la declinación de la competencia no genera ningún gravamen para el desarrollo del expediente, que las medidas urgentes ya fueron realizadas y que por regla general corresponde que el caso sea tramitado por el juez Alejandro Catania que tuvo la primera denuncia.
Ahora Catania debe resolver si acepta quedarse con la causa. Si lo hace, será el juez del expediente. Si no, la Cámara en lo penal Económico deberá resolver cuál de los dos magistrados investiga el caso.
Vale recordar, que el gobierno de Alberto Fernández, a través de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció que en noviembre de 2019 el gobierno de Macri envió armamento a Bolivia para colaborar en la asunción de Jeanine Áñez en reemplazo de Morales.
Fue luego de que la Cancillería de Bolivia hiciese público el caso al dar a conocer una carta fechada el 13 de noviembre en el que un militar boliviano le agradece al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, por el envío de las armas que fue llevada por Gendarmería Nacional.
De esta manera, la primera denuncia la realizó el exjuez Eduardo Freiler y recayó por sorteo en el juzgado de Catania que, hasta el próximo lunes, está subrogado por el juez Rafael Caputo; la segunda por parte del gobierno nacional le cayó a López Biscayart y la tercera fue la presentada por una unidad fiscal especializada y quedó para Caputo.
De todas estas causas, la más avanzada es la que tramita en el juzgado de López Biscayart porque incluye toda la información aportada en la denuncia y la ampliación realizadas por los ministros Martín Soria (Justicia), Agustín Rossi (Defensa) y por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Al declinar la competencia, decisión que quedará firme el próximo viernes si no es apelada, el juez López Biscayart sostuvo que “transcurrida la feria y adoptadas las medidas de investigación que se estimaron urgentes, cabe resolver en punto a la unificación de los trámites que postulara el Ministerio Público Fiscal y, en este sentido, diáfano es que los objetos procesales de uno y otro expediente son idénticos”.
“En ambos se investiga el presunto envío irregular de armamento al Estado Plurinacional de Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 en el que habrían tomado parte -supuestamente- Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Raúl Aguad, Normando Álvarez García, Gerardo Otero, Jorge Fourie, entre otros, por lo que corresponde la unificación del trámite del caso ante un mismo órgano jurisdiccional”, sostuvo el magistrado en la resolución.
Asimismo, el escrito del juez sostiene que “de lo expuesto, se desprende que la denuncia que diera origen al expediente nro. 721/2021 se recibió y sorteó con anterioridad a la presente, registrada con el nro. 722/2021”. “En virtud de ello, este estrado entiende que la tramitación debe unificarse en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4”, concluye.
