Tras el anuncio de la sesión del Cámara de Diputados de la Nación el próximo miércoles 23 de agosto, el bloque de Juntos por el Cambio comenzó a buscar aliados para tratar la reforma de la Ley de Alquileres y uno de los que encontró, fue el espacio Córdoba Federal, que cuenta con tres legisladores que acompañarán al bloque opositor, dejándolo al borde del quórum en el recinto.
“Firmamos la convocatoria, dada la urgencia y el atraso inexplicable de su tratamiento. Pero los cambios son materia de discusión hasta último momento ya que en este contexto hiperinflacionario es muy difícil lograr una ley de equilibrio”, detallaron desde Córdoba Federal, bloque integrado por los diputados Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca.
En ese sentido, los legisladores de Córdoba Federal consideraron con respecto a la Ley de alquileres que “es necesario ser cuidadosos y analizar, junto a los distintos bloques, qué modificaciones son las que conducen a dar una solución a la situación de miles de inquilinos y propietarios”.
Con este escenario de apoyo, Juntos por el Cambio llegaría a 120 diputados, con los tres miembros de Córdoba Federal, y con la reciente incorporación de José Luis Espert, que si bien no es oficialmente un legislador del bloque, acompañará la sesión para tratar la reforma de la Ley de Alquileres.
Ahora, Juntos por el Cambio buscará el visto bueno de los tres diputados de La Libertad Avanza, Javier Milei, Victoria Villaruel y Carolina Piparo, de los cinco legisladores restantes del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Enrique Estévez y Mónica Fein, de los dos integrantes del bloque SER, Felipe Álvarez y Claudio Vidal, y del ocupante de la banca del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa.
No obstante, tan solo con conseguir el apoyo de los otros cinco legisladores restantes del Interbloque Federal, el cual es integrado por el ya aliado Córdoba Federal, Identidad Bonaerense y el bloque Socialista, Juntos por el Cambio llegaría al quórum y podría sesionar en la Cámara de Diputados el próximo miércoles.
En caso de que esto suceda, la Cámara de Diputados volvería a sesionar con la Ley de Alquileres nuevamente como eje central, ya que la última vez que el recinto funcionó, es decir el pasado 5 de julio, se produjo una fallida votación sobre tablas para derogar la medida.
En esa ocasión, dicho pedido de apartamiento del reglamento para derogar la Ley de Alquileres fue planteado por el diputado del PRO, Hernán Lombardi, el cual para ser aceptado requería de las tres cuartas partes, pero fue rechazado con 102 votos afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones.
Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria aún no definió si darán quórum a la sesión especial impulsada por Juntos por el Cambio, aunque precisaron que sí está tomada la decisión de defender su proyecto de ley para modificar la Ley de Alquileres.
Vale recordar que, ambas coaliciones, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, presentaron en la Cámara baja dos propuestas para modificar la actual Ley de Alquileres. No obstante, ambas normativas tienen marcadas diferencias en cuanto a quiénes podrían llegar a salir beneficiados.
Mientras el proyecto de Unión por la Patria mantiene los tres años de alquiler, introduce la bancarización del pago, crea un instrumento de garantía público y propone que las inmobiliarias registren los contratos en AFIP, el de Juntos por el Cambio pide volver al contrato por dos años, actualizar los precios cada tres meses y que elvalor lo determine el mercado inmobiliario, entre otras cosas.
Ley de Alquileres: el proyecto de la oposición
El dictamen de minoría de la oposición integrada por Juntos por el Cambio, el Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el INDEC o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año, el mencionado punto en cuestión.
En ese marco, el diputado Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro, explicó que la intención es modificar de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 y “generó un impacto negativo en la oferta”, además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.
En la misma línea, Alejandro Cacace de Evolución Radical, señaló que “la intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”.
Los bloques opositores también proponen en la modificación de la Ley de Alquileres, como los oficialistas, beneficios para los monotributistas y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.
Ley de Alquileres: el proyecto del oficialismo
Sobre el proyecto de Unión por la Patria, que propone mantener los puntos más importantes de la Ley de Alquileres, la vicepresidenta del bloque en Diputados, Cecilia Moreau dijo que “la principal diferencia entre las dos posturas pasa por el rol del Estado en la cuestión de la vivienda y en esto hay que hacerse una pregunta central, si el techo tiene que ser un negocio para algunos o un derecho para todos”.
A lo largo del tratamiento, Unión por la Patria defendió la Ley de Alquileres sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el INDEC y la variación salarial publicado por el RIPTE del Ministerio de Trabajo.
Además, el oficialismo impulsa en las modificaciones de la Ley de Alquileres que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
Otro punto clave de las modificaciones de la Ley de Alquileres del Frente de Todos pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones y el sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
