Diputados radicales del bloque Democracia Para Siempre, referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau, buscarán debatir este miércoles 2 de julio una nueva ley de financiamiento universitario, similar a la que el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó el año pasado.
La sesión especial, solicitada por los legisladores Pablo Juliano (DPS), Julio Cobos (Unión Cívica Radical) y Mario Barletta (Republicanos Unidos), buscará incluir también en el temario la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dos temas altamente resistidos por el oficialismo.
Cabe destacar que, en las últimas semanas, hubo dudas respecto al quorum para la sesión especial de este miércoles. Sin embargo, la incorporación, a último momento, de un proyecto relacionado a las retenciones al sector agroexportador podría ser la llave que destrabe el número mágico.
Es que, para que los radicales puedan alcanzar el quórum, 129 bancas, será fundamental que cuenten con el respaldo de otros bloques de la oposición como Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y la Coalición Cívica, dando por descontado que el PRO se convirtió en un brazo ejecutor de la Rosada en el Congreso.
En ese contexto, ante el peligro de que la sesión especial se caiga, el diputado radical de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, le concedió un pedido al oficialismo de Córdoba de incorporar al temario una serie de proyectos que buscan bajar las retenciones al agro, luego de que en las últimas horas venciera la baja temporaria para ciertos granos.
De esta forma, con el reciente fallo a la ex presidenta Cristina Kirchner, la abrupta caída de la recaudación en las provincias sumado a la falta de respuestas del Ejecutivo, y el regreso de la retenciones, todo indicaría que la oposición se amalgamará para darle suelta rienda a una sesión que promete ser de alto contenido político, ya que la aprobación de algún proyecto constituiría un nuevo revés del oficialismo en el Congreso.
Es que, en las últimas semanas, las declaraciones incendiarias de un aliado clave para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso nacional, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejaron a entrever lo resentida que se encuentran las terminales nerviosas del oficialismo con sus aliados en el Parlamento.
“A la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas, que no pretenda el presidente que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal, eso no existe en ninguna posibilidad”, alertó Jaldo y enfatizó: “El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque, o nos va bien a todos o nos va mal a todos”.
En la misma sintonía, gobernadores cambiemitas simpatizantes con el oficialismo comenzaron a poner reparos en la alianza en el Congreso con el mileísmo frente a la falta de propuestas por parte del Ejecutivo, ante la caída de la recaudación, la parálisis de la obra pública y el deterioro de las rutas nacionales.
“Ojalá que nos den algo, para que no sean más de lo mismo, ya llevamos gastado más en pasajes de lo que recibimos en todo el año”, ironizó el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, una vez culminado el encuentro con Francos en Casa Rosada, la semana pasada, dando cuenta la falta de incentivos del Ejecutivo para con sus aliados en el Congreso.
Ley de Financiamiento universitario, emergencia del Garrahan y ley de DNU: uno por uno los proyectos
La nueva ley de Financiamiento Universitario busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas del país, fijando una meta de inversión educativa del 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2031. Por lo que promete ser un punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, no solo por su impacto fiscal sino también por la sensibilidad social que las casas de altos estudios generan.
En detalle, la iniciativa tiene 12 artículos y busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.
Además, el texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una proporción a los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Los mismos no impactarán sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.
También, la iniciativa establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
En tanto, el proyecto para reformar la ley de los decretos de necesidad y urgencia propone que los DNU solo tengan validez por 90 días desde su publicación, y que su continuidad dependa de la aprobación de ambas cámaras. En la legislación actual, alcanza con la aprobación de una sola cámara para que el DNU quede ratificado.
No obstante, el radicalismo y la Coalición Cívica proponen una variante: que si una sola cámara rechaza un DNU, este quede automáticamente derogado, sin establecer un plazo específico. Desde el oficialismo, La Libertad Avanza y el PRO, se oponen a cualquier modificación de la normativa vigente.
Además, se buscará votar los emplazamientos para que las comisiones traten dos temas urgentes: el incremento del presupuesto para las universidades nacionales y la declaración de emergencia sanitaria del Hospital Garrahan. Ambos proyectos se encuentran trabados en la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, quien se niega a considerar iniciativas que impliquen un aumento del gasto público.
