El presidente Javier Milei cerrará esta semana dos encuentros de peso con el empresariado en medio de la tensión que atraviesa en el Congreso por los vetos a las leyes de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. El mandatario buscará respaldo al rumbo económico en el Consejo de las Américas, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Es que, este jueves, Milei será el encargado del cierre de la edición anual del Consejo de las Américas en el Alvear Palace Hotel, en donde buscará obtener el respaldo económico de empresarios y grupos económicos. Al día siguiente, el líder libertario viajará a Rosario para participar del acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad santafesina, donde volverá a exponer ante dirigentes de distintos sectores.
En el evento de la capital porteña, Milei estará acompañado por su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; la ministra de Seguridad y actual candidata a senadora nacional, Patricia Bullrich; y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, dirán presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Christian Asinelli, directivo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).
En tanto, la convocatoria también incluirá a destacados referentes empresariales como Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy; Martín Pérez de Solay, de Glencore; Martín Genesio, de AES; Temel Oktem, de la Corporación Financiera Internacional (CFI); y Guillermo Caló, del Proyecto de Litio Rincón de Río Tinto. Además, expondrán Natalio Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta del Americas Society / Council of the Americas.
Por segunda vez en su mandato, Milei formará parte del Consejo de las Américas. En el 2024, el referente de La Libertad Avanza (LLA) había aprovechado esa tribuna para repasar el estado en que encontró la administración nacional y poner en valor políticas como las desregulaciones, el Pacto de Mayo y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “La sociedad tiene que saber que las grandes inversiones no van a llegar a las provincias que no adhieran al régimen”, había señalado en aquella ocasión.
Mientras tanto, en la ciudad de Rosario, el Presidente volverá a enfocarse en el sector agroindustrial, al que en las últimas semanas le anunció una reducción en los derechos de exportación de carne, maíz, sorgo, girasol y soja. “Todo esto es posible únicamente y gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, al cual cuidamos como agua en el desierto”, remarcó Milei en la Exposición Rural de Palermo 2025 al presentar la medida.
Si bien la relación con el campo le permite al oficialismo proyectar una imagen de apertura económica, aún continúan los reclamos por tributos considerados “distorsivos”, como Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y el Impuesto al Cheque. En ese contexto, el Gobierno libertario confía en que el encuentro del viernes en Rosario se traduzca en un gesto de apoyo del empresariado.
En paralelo, en el Congreso se juega una partida decisiva. Este miércoles, la oposición buscará en la Cámara de Diputados insistir con las leyes vetadas por Milei. Con el quórum garantizado, las miradas estarán puestas en las abstenciones y ausencias que definirán si el Ejecutivo logra sostener los vetos o quedará nuevamente expuesto a un revés legislativo.
La Justicia anuló el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad
El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declaró inconstitucional el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó restituir las prestaciones para dos niños de 11 años con trastornos del desarrollo que asistían a instituciones en riesgo de cierre por falta de financiamiento.
De esta manera, la decisión judicial del magistrado de Campana se suma a los cuestionamientos de todo el arco político opositor y de la sociedad al Ejecutivo de Milei, que rechazó la norma y firmó el veto pese a que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.
Es preciso mencionar que, el fallo dictado por el magistrado González Charvay responde a una acción de amparo en defensa de los menores y advierte que la maniobra presidencial vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Según el juez, el veto “constituye un acto de discriminación hacia personas con discapacidad”, en este caso particular en los niños que se encuentran en situación de doble vulnerabilidad.
En tanto, la resolución obliga al Estado garantizar de inmediato la cobertura y continuidad de las prestaciones previstas por la Ley 27.793, entre ellas la financiación de servicios terapéuticos y educativos. Aunque el Gobierno conserva la posibilidad de apelar, la sentencia marca un precedente relevante sobre los límites del Poder Ejecutivo en el uso de la herramienta del veto, y refuerza el peso de los tratados internacionales en la protección de los derechos.
Cabe recordar que, la Ley de Emergencia en Discapacidad había sido sancionada el pasado 10 de julio con respaldo transversal en ambas cámaras legislativas, e incluía medidas como la actualización de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de prestadores, el sostenimiento de instituciones educativas y terapéuticas, y la ampliación de programas de inclusión. Su objetivo principal era garantizar la atención integral de las personas con discapacidad frente al ajuste en las partidas presupuestarias.
En tanto, el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad había estado fundamentado en argumentos fiscales, bajo el pretexto de “evitar un aumento en el gasto público”. Sin embargo, la Justicia consideró que las razones económicas “no pueden estar por encima de la protección de los derechos humanos”, especialmente en el caso de la niñez y la discapacidad. “No se trata de un privilegio sectorial, sino de la plena vigencia de derechos constitucionales”, señaló el magistrado.
De esta manera, el revés judicial representa un límite a la discrecionalidad del Ejecutivo, que había intentado frenar una ley respaldada por la amplia mayoría de representantes del pueblo y de las provincias. Según establece la Constitución, un veto debe ser sostenido con el voto de un tercio de los presentes en alguna de las cámaras, pero en este caso la Justicia actuó antes de que el trámite parlamentario pudiera completarse.
