Después de varias idas, vueltas y mucha resistencia, por primera vez desde que se dio a conocer el escándalo en la Legislatura bonaerense, declararon ante la fiscal del caso tres de los dueños de tarjetas de débito de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires incorporadas a la causa que investiga a Chocolate Rigau.
De esta manera, las tarjetas de débito con las que encontraron a Chocolate Rigau en el cajero automático del Banco Provincia de La Plata la noche del 9 de septiembre, estaban a nombre de Brisa Novillo, Jonathan Villegas y Yamila Benzo, que declararon ayer en calidad de testigos.
Según informaron, los interrogatorios se centraron en la relación que cada uno de los testigos tenía con el trabajo en la Legislatura bonaerense, la tarjeta de débito emitida a su nombre, el salario liquidado a su nombre y las personas que aparecen en los videos haciendo uso ilegítimo de las 39 tarjetas del Senado, Hugo Muguerza y Josefina Ortellado.
En principio, Jonathan Iván Villegas, uno de los tantos dueños de una de las 39 tarjetas de débito del Senado que están en la mira de la fiscal Betina Lacki, declaró que trabajaba “para Hugo con la política radical”. En ese sentido, el imputado señaló que “no sabe su apellido”, y que “se trata de un conocido al que llegó a través de su abuela, Julia Borda”.
En ese sentido, Villegas describió que su trabajo para Hugo era “político, de campo”. “Iba a marchas, entregaba volantes y repartía mercadería”, ejemplificó. Sin embargo, fue más allá y aseguró que cobraba un sueldo y que eso lo “ayudaba a pagar la Facultad”, aunque no pudo justificar cuál era el monto de su sueldo.
Es preciso recordar que, la hipótesis inicial de la investigación del caso de Chocolate Rigau es que los dueños de las tarjetas de débito imputadas no trabajaban ni cobraban, simplemente prestaban su nombre a cambio de algunos beneficios sociales y previsionales, pero los sueldos se los llevaban otras personas.
El testigo, que tiene apenas 23 años, contó que su trabajo terminó cuando “esto de las tarjetas de débito” salió en los medios. “No quise estar metido en nada y me di de baja”, señaló Villegas, que tampoco pudo responder dónde presentó la renuncia porque “no lo recuerda”. Tampoco pudo señalar en qué período hizo ese trabajo ni dónde firmó un contrato para ello. “No lo recuerdo”, expresó el joven.
En otro tramo de su testimonio, Villegas dijo que le dio su tarjeta de débito a “Hugo”. Esto fue “por comodidad, porque no contaba con horarios para retirar plata. Se la di a Hugo y él retiraba la plata”, sostuvo. Hacia el final de la declaración, los investigadores le mostraron capturas de las cámaras de seguridad del Banco Provincia donde se ve a Muguerza y Ortellado en los cajeros.
Al ser consultado sobre si reconocía a las personas que estaban en el Banco Provincia retirando el dinero de su tarjeta de débito, el joven respondió que no. Más tarde, el abogado Javier Percow le preguntó si conoce a Josefina Ortellado, y Villegas también lo negó. Percow es el representante legal de Ortellado y Muguerza, y además defiende hace tiempo en esta causa a una dueña de tarjetas del circuito de Diputados, de las que se le secuestraron a Rigau.
El segundo testimonio fue el de Yamila Benzo. Esta mujer aseguró que trabajaba para la Cámara de Senadores “desde hace más o menos 5 o 6 años”, que su sueldo “en el último tiempo era de “500 y pico” y que su tarjeta de débito la usaba ella. Asimismo, la imputada sostuvo que renunció a ese trabajo a fin de año ante las “noticias, las cosas que salieron en la televisión”.
Al igual que su antecesor, Benzo no pudo responder dónde ni cómo presentó esa renuncia, y tampoco qué modalidad de contratación tenía. “No lo recuerdo”, respondió. El trabajo de Benzo, según su testimonio, no tenía horarios ni control de asistencias. Era una función “por fuera de las oficinas, era con el partido político Juntos por el Cambio”. “Me lo ofreció Hugo Muguerza”, aseguró la mujer, de 33 años.
En uno de los tramos más curiosos de la declaración, le mostraron a Benzo las fotos de Ortellado y Muguerza en los cajeros. “No, no los reconozco”, respondió. Esto llamó la atención, ya que Benzo conoce a Muguerza por ser el ex suegro de su hermano. Percow le preguntó si conoce a Ortellado, y la testigo aseguró que no.
El último testimonio de “tarjeteros” del Senado es el de Brisa Maira Novillo, de apenas 21 años, que se presentó como estudiante de la Facultad de Artes en La Plata. Declaró que trabajó sólo unos meses en la Legislatura bonaerense con “trabajo de campo”. También aseguró que renunció porque se le juntaron “los horarios de cursada y los rodajes”, con un problema de salud, y esto le impedía descansar bien.
”Yo trabajaba en la calle, íbamos a comedores, llevábamos boletas de acá para allá, eran épocas de elecciones”, ilustró la joven frente a la fiscal. “Trabajaba para Hugo Muguerza”, precisó, al tiempo que advirtió que ella no cumplía horario, que el sueldo era de “alrededor de 500 mil pesos”, y que ella misma iba al cajero.
Según su testimonio, Novillo llegó a Muguerza “a través de un compañero de militancia política” y firmó “un contrato político” en un edificio ubicado “en 9 y 48″. Cuando le preguntaron qué duración tenía ese contrato, dijo que lo no recordaba.
Es preciso mencionar que, las tarjetas del Senado llegaron a esta causa a partir de un hallazgo de los investigadores, producto de su observación minuciosa de videos del Banco Provincia en los que aparecía Julio “Chocolate” Rigau sacando dinero con tarjetas de empleados truchos de Diputados. En determinadas oportunidades detectaron que interactuaba llamativamente en los cajeros con una pareja que, ahora se sabe, era la de Ortellado y Muguerza, y sacaba plata con tarjetas del Senado.
Los abogados del “sistema Chocolate” buscaron eludir con distintas estrategias la declaración de estos dueños de tarjetas. Hicieron varios planteos por escrito y los hicieron faltar varias veces. En cambio, para Ortellado y Muguerza presentaron un escrito donde dieron a entender que tienen algo para decir.
Por su parte, Maximiliano Rusconi, el abogado de Claudio y Facundo Albini, buscó anular con un argumento técnico las declaraciones tomadas a un puñado de dueños de tarjetas de la Cámara de Diputados en 2023, que primero fueron testigos y después quedaron imputados. Esa estrategia pretendía anular consecuentemente los procesamientos de los Albini, pero fracasó tras una resolución dictada ayer por el juez Federico Guillermo Atencio, que no hizo lugar al planteo.
