Luego de nueve audiencias del juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz y el pedido de inhabilitación a ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, legisladores bonaerense de Juntos salieron a sentar postura sobre los “fantasmas” que hicieron trascender desde el kirchnerismo por el supuesto intento de “proscripción” y “persecución judicial”.
“El fantasma de proscripción a Cristina Kirchner que agita el kirchnerismo es una irresponsabilidad absoluta, que desconoce el funcionamiento de la Justicia y suma incertidumbre en un momento que necesitamos a la macro tranquila y estable”, advirtió este lunes la diputada del radicalismo Alejandra Lordén.
En este sentido, Lordén adelantó que “los abogados de la Vicepresidenta apelarán en todas las instancias, y sin lugar a dudas, ella será candidata para mantener sus fueros”. “Esto va para largo, es importante que no entremos en la dinámica de desestabilización que propone el oficialismo”, apuntó.
Como explicó este medio, momentos antes de que se conociera el pedido del fiscal federal Diego Luciani contra Cristina Kirchner en el juicio por la denominada causa Vialidad, intelectuales, dirigentes y los legisladores bonaerenses del Frente de Todos, salieron a respaldar a la vicepresidenta y a denunciar un intento de “proscripción” y “persecución judicial”.
En respuesta, el diputado provincial Sergio Siciliano reconoció que si bien desde el Pro no quisieron salir a hablar “porque estamos esperando que resuelva la Justicia, las pruebas son contundentes”. “No hay dudas de los planteos del fiscal, pero hay que esperar el fallo y ver luego qué sucede”, aclaró.
“Los planteos de proscripción son en una parte para encubrir y presionar a la Justicia y por otro para que no estemos hablando de los recortes de presupuesto en áreas sensibles. Hoy noticiaron un ajuste de 50 mil millones en Educación”, apuntó el diputado Siciliano en diálogo con Diputados Bonaerenses.
En la misma sintonía, su par de la Cámara baja bonaerense Daniel Lipovetzky aseguró que “el kirchnerismo sigue creyendo que los problemas judiciales tienen que ver con la política y no la comisión de un delito”. “La defensa tiene que ser jurídica, demostrar que es inocente y no politizar la causa”, advirtió el platense a este medio.
“Desde esa misma lógica quisieron controlar a la Justicia con la reforma judicial, armaron una agrupación política dentro de la Justicia (Justicia Legítima), y acá en la provincia se quieren sacar al procurador (Julio Conte Grand) para poner uno adicto a ellos”, sentenció el diputado que encamina su candidatura para la intendencia de La Plata.
Esta mañana, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria, un recurso que cualquier imputado puede utilizar en cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, pero el período termina usualmente al momento de iniciarse los alegatos.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó Cristina Kirchner.
Desde el radicalismo, la vicepresidenta del Comité Provincia y senadora bonaerense, Érica Revilla, consideró que el pedido de la Vicepresidenta de adelantar su declaración a indagatoria en medio de los alegatos “es otra estrategia de victimización”. “Debemos ponerle fin a esta matriz de corrupción que se beneficia a expensas del pueblo argentino”, agregó.
“Las maniobras del kirchnerismo para desestimar los alegatos de los fiscales Luciani y Mola demuestran que la única defensa que pueden ejercer es política. La justicia tiene, literalmente, tres toneladas de pruebas en su contra”, concluyó la senadora provincial del radicalismo.
Causa Vialidad: piden inhabilitar a Cristina Kirchner
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que llevan adelante la acusación de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, solicitaron este lunes la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al resto de los exfuncionarios imputados.
Al finalizar la etapa de alegatos del juicio, Luciani manifestó que entre 2003 y 2015 se “sustrajeron sistemáticamente fondos, desactivando todos los mecanismos de control”. “La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado“, agregó.
Asimismo, el fiscal solicitó el decomiso de los $ 5.231 millones, monto en el que según estimó su par, Sergio Mola, hubo defraudación al Estado. “Se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, remarcó.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras.
Causa Vialidad: quiénes están imputados
En la Causa Vialidad, se le imputa a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Entre los imputados figura el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
También aparece el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Es preciso mencionar, que las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados.
