Senadores del Frente de Todos (FDT) y Juntos por el Cambio (JXC) aprobaron en comisión un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece modificaciones en el régimen disciplinario de las cárceles del país.
El objetivo de esta propuesta es modificar el régimen disciplinario carcelario al que se encuentran sometidos los detenidos, con el objetivo de garantizar sus derechos a defenderse. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado despachó la iniciativa y se aguarda por el tratamiento en los demás cuerpos de trabajo.
La iniciativa fue enviada en 2021 al Senado y surgió a raíz de una recomendación recibida por el Estado argentino de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que marcó que hay un “sensible atraso” en la regulación nacional con respecto al contexto internacional.
En este sentido, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, expresó que “lamentablemente cuando una persona pierde la libertad pierde otros derechos, y no tienen que perder otros derechos”.
Las modificaciones solicitadas por organismos internacionales se retrotraen a una causa de hace más de 20 años. Se trata del recluso Guillermo Patricio Lynn (ya fallecido), quien demandó al Estado el 29 de diciembre del 2000 y que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una sanción disciplinaria que se impuso en su momento contra el detenido.
Por otro lado, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós de Rébori, que ejerce además como interventora del Servicio Penitenciario Nacional, aseguró que “en este proyecto las faltas medias y leves serán abordadas por una especie de comité con gente del servicio penitenciario y presencia de la persona involucrada”.
“Se propone la sanción administrativa por comisión de delito, con cuestiones que tienen que ver con la convivencia adentro de las unidades penitenciaria”, expresó de Rébori y añadió: “Para las faltas graves ya existe un sistema de sanciones que están en la ley”.
Dicho proyecto asigna una Comisión de Disciplina que funcionará en cada establecimiento y estará compuesta por tres integrantes del personal superior con la misma jerarquía y rango y sostiene que al menos uno de sus integrantes debe ser abogado o abogada.
Durante el debate de la iniciativa, la Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez, sostuvo que “lamentablemente el peticionario de este caso falleció esperando justicia y no debemos permitir que las personas mueran esperando justicia”. “Hace un año que ingresó el proyecto al Parlamento y no sucedió nada, no podemos darnos el lujo de seguir esperando”, lamentó.
