En las últimas horas, el Gobierno nacional a cargo de Javier Milei puso en marcha una estrategia de apelaciones que, de ser necesario, podrían escalar hasta la Corte Suprema. Al mismo tiempo, los funcionarios del Poder Ejecutivo se muestran expectantes ante el debate parlamentario del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que antes de empezar a ser tratado en el Congreso tuvo las primeras enmiendas.
En un contexto signado por los primeros reveses judiciales contra el DNU 70/2023 que lleva la firma del presidente de la Nación y todo su gabinete, y que busca desregular la economía, el Gobierno nacional se apresta a encarar esta semana la estrategia de apelaciones para implementar un plan de shock que, según expresó el propio Milei, podría tardar hasta dos años en mostrar resultados positivos.
Es preciso recordar que, Milei emitió un mensaje de fin de año para todos los argentinos que hizo especial hincapié en la “magnitud de la crisis en curso” y aseguró que podría alcanzar “dimensiones bíblicas” si las reformas propuestas en el DNU y la Ley Ómnibus naufragaban en terreno judicial y, especialmente, en el Congreso Nacional, algo que sería, desde la óptica oficial, un claro síntoma de una “casta” que defiende sus propios intereses.
Sin embargo, el Gobierno nacional no pierde las esperanzas para alcanzar los votos que le permitan avanzar legislativamente y, para eso, comenzó a tender puentes con dirigentes y legisladores que puedan sumar voluntades para la aprobación de las iniciativas que impulsan en el Congreso, aunque eso signifique tener que “abrir” el paquete de la Ley Ómnibus.
Aunque los voceros gubernamentales aclaran que el proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso nacional “es correcto, ha sido trabajado y encarna las reformas necesarias para el proyecto de país soñado por el liberal-libertarianismo”, en los últimos días remarcaron que el oficialismo mantiene el “diálogo abierto”.
De esta manera, los armadores políticos de Javier Milei se comenzarán a mover en esa disyuntiva entre el proyecto de país deseado e inamovible por el cual asumieron la suma del poder público el pasado 10 de diciembre, y lo negociable, como los artículos que refieren a la industria pesquera, que tuvieron que ser revisados tras la recepción de decenas de quejas por parte de gobernadores e intendentes que verían sumamente afectados sus ingresos en caso de que se aplicara.
El jueves pasado, fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién debió reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para moderar las inquietudes que ese mandatario y sus colegas patagónicos habían hecho públicas el 2 de enero sobre el futuro de la actividad pesquera. Luego del encuentro, del que también participó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, el titular de la cartera aseguró que se realizarán “clarificaciones” a los artículos del proyecto, aunque aclaró que no serán modificaciones.
En medio de este panorama, el Congreso comenzó su trabajo designando, no sin polémica, a las autoridades de las comisiones legislativas que deberán dictaminar sobre este megaproyecto que el oficialismo ambiciona tratar sin extender las sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero. En tanto, Milei mantuvo una reunión con buena parte de los diputados de La Libertad Avanza, y siguió activamente la designación de autoridades en las Comisiones de la Cámara baja que analizarán la Ley Ómnibus.
Según trascendió, el Presidente se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el armado de estas instancias parlamentarias. El mandatario expresó públicamente sus felicitaciones al diputado nacional José Luis Espert, designado titular de la comisión de Presupuesto y tuvo palabras de elogio para la intervención de la exgobernadora bonaerense y actual legisladora, María Eugenia Vidal, quién reprendió a los diputados de Unión por la Patria tras una queja por la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sobre las impugnaciones judiciales al DNU, en la Casa Rosada afirman que “eran esperables”. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que las “decisiones judiciales van a ser apeladas”. “No hay nada que haya ocurrido que no hubiese sido esperado por nosotros. El Gobierno seguirá analizando paso a paso no solo el trámite judicial y el legislativo”, señaló el funcionario en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, este fin de semana y el comienzo de la próxima traerá novedades económico financieras. El Banco Central fue autorizado a emitir letras por US$ 3.200 millones a diez años ante la “proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”, mientras que el Gobierno avanza en la negociación con la comitiva que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
